El Consejo de Ministros del pasado 15 de septiembre aprobó el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática con el doble objetivo de recuperar y difundir la memoria democrática, centrada en el conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra historia contemporánea, y el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978.
La memoria democrática está estrechamente vinculada con la historia de nuestro partido. Fueron muchos los hombres y las mujeres socialistas y ugetistas los que, junto a militantes de otros partidos y sindicatos de la izquierda, lucharon por el mantenimiento de la legalidad constitucional republicana y contra la dictadura franquista, sufriendo por ello la persecución, las cárceles, los fusilamientos, la perdida de sus propios bienes o el exilio en los campos de concentración del sur de Francia o Argelia o en los campos de exterminio nazi.
La dictadura franquista practicó con crueldad un tratamiento asimétrico de las víctimas de la Guerra Civil. Mientras que las víctimas de los vencedores fueron reparadas económica y moralmente, se les rindió homenajes públicos año tras año y la liturgia nacional-católica tenía siempre presente a sus “Caídos por Dios y por España”, las víctimas de los vencidos eran criminalizadas, estigmatizadas e invisibilizadas o estaban en fosas comunes de distintos parajes de la geografía española. Tras la muerte del dictador y la llegada de la democracia, desde ayuntamientos democráticos, familiares, partidos políticos de izquierda y sindicatos se impulsaron inicialmente algunas medidas simbólicas, exhumaciones sin rigor científico y sobre todo, desde la Administración General del Estado, se impulsaron importantes reparaciones económicas para las víctimas republicanas. Fueron medidas importantes pero no hubo políticas públicas de memoria, políticas de estado, destinadas al conocimiento de la verdad, el establecimiento de la justicia y la reparación de las víctimas republicanas que no habían sido reparadas. Además quedaba pendiente las exhumaciones de tantos hombres y mujeres de izquierdas arrojadas en fosas comunes.
Tuvieron que pasar varias décadas de la muerte del dictador para que, bajo el impulso del movimiento memorialista, el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero impulsara una ley en 2007, conocida como de “Memoria Histórica”. Esta ley sentó las bases para llevar a cabo políticas públicas dirigidas al fomento de la memoria democrática y especialmente a la recuperación de la dignidad y reparación de las víctimas. La ley tuvo un considerable nivel de ejecución hasta 2011, pero fue abruptamente interrumpida por los Gobiernos del PP, que no llegaron a derogarla pero “de facto” la anularon con una partida presupuestaria de CERO euros, según se vanagloriaba el mismo Rajoy.
Los trece años transcurridos desde su aprobación pusieron de manifiesto que algunas cuestiones necesitaban ser revisadas, que existían lagunas y sobre todo que era preciso dar un nuevo impulso a las políticas de memoria en España a la luz de las recomendaciones de los organismos internacionales humanitarios, las nuevas leyes autonómicas de memoria, las demandas de las víctimas y del movimiento memorialista y las iniciativas parlamentarias aprobadas por las Cortes Generales.
Con la nueva ley de Memoria Democrática, el gobierno de Pedro Sánchez vuelve a dar un paso importante y decisivo en la recuperación de la dignidad de las víctimas y en el afianzamiento de la democracia en nuestro país, del mismo modo que lo hizo con la retirada del cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos hace apenas un año. Estamos ante una ley muy ambiciosa que pone a las víctimas de la Guerra Civil y Dictadura franquista en el centro de la acción pública con un conjunto de medidas de reconocimiento y reparación entre las que se encuentran la declaración y condena del carácter injusto de las violaciones de derechos humanos perpetradas, la ilegitimidad de los Tribunales de excepción franquistas y la plena nulidad de las resoluciones y sentencias que dictaron. En ella se reconoce la contribución activa y singular de las mujeres españolas en las luchas por la democracia y la libertad, así como la necesidad de reparar la doble represión sufrida por las mujeres. Lógicamente no podía falta un gran reconocimiento al movimiento memorialista con la creación de un Consejo de la Memoria destinado a su participación, consulta y asesoramiento respecto a las políticas públicas de memoria.
La ley está vertebrada en torno a los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Deber de memoria como garantía de no repetición.Aborda una de las grandes tareas pendientes: la búsqueda de personas desaparecidas como una responsabilidad de Estado a través de planes cuatrienales. Del mismo modo se crea un Banco Nacional de ADN para la identificación de las víctimas y la entrega a sus familiares para que les den digna sepultura, y una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos para la investigación de los hechos.
Es una ley que se fundamenta en la defensa de los derechos humanos, la cultura de paz, la igualdad de hombres y mujeres y se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España.
Además de las medidas que están en vigor respecto a las reparaciones económicas, se establecen otras medidas específicas de reparación, como la investigación y realización de un inventario de las incautaciones y sanciones económicas procedentes de las responsabilidades políticas, y un censo de las edificaciones y las empresas beneficiarias de los trabajos forzados. Por otro lado, la memoria democrática va a entrar en la escuela. Entre los fines del sistema educativo español estará el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, del mismo modo que se fomentará la investigación sobre el exilio y se impulsarán programas específicos de divulgación que incluirán el relato de las víctimas.
Mención especial merece la previsión de declaración de lugares de memoria democrática y, en particular, la resignificación del Valle de los Caídos, así como las medidas para evitar la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, mediante la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, distinciones, títulos o condecoraciones, o la extinción de fundaciones y disolución de asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación al odio o violencia contra las víctimas. Para garantizar el cumplimiento de estos ambiciosos objetivos se establece un régimen sancionador y se crean un Consejo Territorial de Memoria Democrática como instrumento de colaboración y cooperación entre las administraciones públicas.
Se trata, en fin, de una Ley que reconoce a las víctimas la dignidad que merecen y alinea a nuestro país con las democracias más avanzadas en derechos humanos. La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, sin duda, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El conocimiento del proceso de construcción de nuestra democracia, sus luchas individuales y colectivas, sus valores y virtudes contribuyen a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores que han marcado nuestra historia contemporánea. La consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado. El olvido no es opción para una democracia.
Fernando Martínez López, Secretario de Estado de Memoria Democrática
Publicado originalmente en psoe.es