La iniciativa, que coincide con el récord de exportaciones agroalimentarias, exige al Gobierno un plan de choque digital contra el fraude y mayor agilidad burocrática para combatir el cambio climático
Fuente: calatayudnoticias.com
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El Grupo Parlamentario Socialista ha movido ficha en las Cortes Generales para blindar uno de los mayores activos económicos y culturales del país. Los diputados Víctor Ruiz, Iván Cacho Isla, Patricia Otero Rodríguez y la portavoz Begoña Nasarre Oliva han registrado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados destinada al impulso y refuerzo del sistema español de Indicaciones Geográficas (DOP, IGP y ETG). La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, busca dotar de herramientas técnicas, operativas y digitales a las figuras de calidad diferenciada ante la intensa competencia internacional y la creciente presión climática.
El texto de la iniciativa subraya que la calidad diferenciada no es un mero «adorno del mercado», sino una política pública estratégica para sostener las rentas agrarias y fijar población al territorio. Con datos consolidados a la primavera de 2026, España cuenta con 394 figuras de calidad registradas en la Unión Europea (entre sectores agroalimentarios, vitivinícolas y de bebidas espirituosas) y otras 15 en fase de tramitación. La dimensión económica del sector es clave: solo el mercado de productos agrícolas y alimentarios rozaba, en sus últimos registros consolidados, un valor de 3.043 millones de euros, mientras que el sector del vino con DOP superó los 4.522 millones de euros en origen en la última campaña, sustentado por más de 104.000 viticultores y 630.000 hectáreas inscritas.
La propuesta socialista llega en un momento de especial fortaleza para el sector exterior español, coincidiendo con el reciente récord de exportaciones agroalimentarias y pesqueras, que alcanzaron los 75.090 millones de euros. No obstante, el partido del Gobierno advierte de que la capilaridad social del sistema (con ejemplos de minifundio estratégico como la DOP Ribeiro, que sostiene a casi 1.500 viticultores en poco más de 1.200 hectáreas) requiere una defensa férrea de la reputación de sus marcas frente a la usurpación de nombres, especialmente en internet.
1. Plan de fortalecimiento técnico: Reforzar la certificación y el control, con especial atención a las denominaciones de menor tamaño pero con gran arraigo e impacto en el empleo rural.
2. Escudo digital contra el fraude: Perseguir la usurpación de nombres y las prácticas desleales en el comercio electrónico mediante mecanismos ágiles de detección y retirada de contenidos infractores, al amparo del nuevo reglamento europeo.
3. Desburocratización frente al cambio climático: Agilizar los trámites para la modificación de los pliegos de condiciones de las denominaciones, permitiendo a los productores adaptar sus normativas internas de cultivo de forma rápida ante los desajustes meteorológicos y la innovación de los mercados.
4. Alianza promocional y proyección exterior: Potenciar la presencia de los sellos europeos de calidad en los canales de distribución y la hostelería (HORECA), además de blindar la protección de estos nombres en los acuerdos comerciales bilaterales que la UE firme con terceros países.