Fuente: elaltojalon.es
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El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para impulsar y reforzar el sistema español de Indicaciones Geográficas, con medidas destinadas a proteger las denominaciones de origen, mejorar la trazabilidad y combatir el fraude alimentario y comercial, especialmente en internet y en el comercio electrónico.
La iniciativa, firmada entre otros por el diputado soriano Víctor Ruiz de Diego, será debatida en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y pone el foco en el valor estratégico que tienen las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y otras figuras de calidad diferenciada para el medio rural.
El texto defiende que estas figuras no son únicamente “un adorno del mercado”, sino una herramienta de política pública que protege patrimonio colectivo, garantiza trazabilidad y ayuda a sostener rentas agrarias, industria transformadora y actividad económica ligada al territorio.
Más de 390 figuras de calidad diferenciada en España
La propuesta recuerda que España cuenta con uno de los sistemas de indicaciones geográficas más importantes de toda la Unión Europea.
Según los datos recogidos en el documento, a marzo de 2026 existían en la UE un total de 394 figuras españolas registradas, entre ellas 111 DOP y 112 IGP de productos agrícolas y alimentarios, además de 149 figuras vinculadas al vino y 19 bebidas espirituosas con indicación geográfica.
Además, otras 15 figuras españolas se encuentran actualmente en tramitación europea para su reconocimiento oficial.
El PSOE destaca que muchas de estas denominaciones tienen una dimensión comarcal o territorial pequeña, pero cumplen una función “determinante” en la vertebración rural y en el mantenimiento del tejido productivo local.
Más de 205.000 productores y 3.000 millones de euros
La iniciativa subraya también el peso económico del sistema de calidad diferenciada español.
Según la estadística anual del Ministerio de Agricultura correspondiente a 2023, las figuras de calidad diferenciada de productos agrícolas y alimentarios agrupan a 205.576 operadores primarios y 3.526 industrias inscritas. El valor económico estimado supera los 3.043 millones de euros.
En el sector del vino, las cifras son todavía mayores. La campaña 2023-2024 contabilizó más de 104.000 viticultores inscritos, 3.606 bodegas embotelladoras y un valor económico estimado superior a 4.500 millones de euros para los vinos con DOP.
El documento defiende que este modelo ayuda a sostener empleo, paisaje agrario, cooperativismo y tejido empresarial de proximidad, especialmente en territorios rurales.
Protección frente al fraude y defensa digital
Uno de los principales objetivos de la propuesta es reforzar la protección de las denominaciones frente a usos indebidos, imitaciones y prácticas desleales, especialmente en plataformas digitales y comercio electrónico.
La iniciativa plantea mecanismos más ágiles para detectar y retirar contenidos fraudulentos, además de reforzar la cooperación entre administraciones y aplicar con mayor eficacia el régimen sancionador.
El PSOE recuerda que el nuevo Reglamento Europeo 2024/1143 ya ha reforzado la protección de las indicaciones geográficas y ha ampliado instrumentos para defender estos nombres también en el entorno digital.
Más promoción y adaptación al cambio climático
La Proposición No de Ley plantea además agilizar los procedimientos administrativos vinculados a la calidad diferenciada para facilitar la adaptación a la evolución del mercado, la innovación y los efectos del cambio climático.
Asimismo, propone impulsar campañas de promoción y conocimiento social de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas, reforzando su presencia en distribución, hostelería y mercados internacionales.
La iniciativa llega en un momento especialmente relevante para territorios como Aragón y Castilla y León, donde muchas economías rurales dependen directamente de productos vinculados a la calidad diferenciada.
En el entorno del valle del Jalón y comarcas cercanas, figuras como la DOP Calatayud en el vino o distintas producciones agroalimentarias ligadas al territorio representan no solo actividad económica, sino también identidad cultural, paisaje y oportunidades para fijar población en el medio rural.