Desde la ausencia de controles sobre subvenciones hasta prácticas de fraccionamiento de contratos.
Fuente: hoyaragon.es
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Un informe contundente de la Cámara de Cuentas de Aragón, referido a los ejercicios 2021 y 2022, detecta fallos graves y reiterados que van desde la ausencia de controles sobre subvenciones hasta prácticas de contratación que elevan el riesgo de fraccionamiento de contratos, además de deficiencias contables y debilidades en los procedimientos internos. El equipo de gobierno del PP, liderado por José Manuel Aranda, asume varias de las observaciones y alega mejoras implantadas desde 2023.
Como cuestión de partida, la Cámara de Cuentas destaca la “dificultad de obtener información correcta de los libros contables” por “las limitaciones del sistema informático” municipal, un extremo que el propio Ayuntamiento reconoce. El consistorio admite igualmente la existencia de “incorrecciones” en el libro diario, con “asientos sin importe”, una anomalía que compromete la calidad de la información financiera y el seguimiento de la ejecución presupuestaria.
Subvenciones: predominio de la concesión directa y ausencia de control
El mayor bloque de reparos se concentra en el capítulo de subvenciones. El Ayuntamiento no realizó controles financieros sobre las ayudas municipales, tal y como exige la normativa, ni estableció un seguimiento sistemático del uso de los fondos públicos. La Cámara insta a revertir “la utilización predominante de la concesión directa o nominativa” y a priorizar la concurrencia competitiva, con bases claras, publicidad y criterios objetivos de valoración.
Entre los casos analizados, el informe subraya como especialmente problemático el de la convocatoria “para el fomento de la creación de empleo y el desarrollo del tejido empresarial en Calatayud”, que en la práctica se instrumentó como una ayuda directa de 150.000 euros a una empresa, Levprot Bioscience. El Ayuntamiento justifica la elección por el “carácter innovador del proyecto” y el “volumen de inversión”, pero la Cámara aprecia una “absoluta falta de control” y recomienda aplicar el procedimiento competitivo.
También cuestiona la subvención para la restauración del recinto del claustro-museo de la Colegiata de Santa María la Mayor, por importe de 682.865 euros, concedida de modo directo “sin justificación suficiente”. A juicio del órgano fiscalizador, se trata de una “subvención en especie al Obispado de Tarazona”, lo que exigía una tramitación y motivación reforzadas que no constan en el expediente.
En esa misma línea, la ayuda directa de 226.700 euros a Iberia Compositech Manufacturing carece en el expediente de memorias justificativas y económicas, y la fiscalización previa se efectúa después de elevar la concesión al pleno. La Cámara recuerda que la secuencia procedimental debe ser la inversa y que la tutela financiera es previa a la decisión política.
Contratación: planificación ausente, datos poco fiables y fraccionamiento
El análisis de la actividad contractual también arroja sombras. La Cámara constata que el Ayuntamiento “no planificó ni publicó su actividad contractual anual”, pese a ser una obligación legal que mejora la transparencia y la concurrencia. Detecta, además, discrepancias entre el registro contable de facturas y los listados de contratos menores publicados, lo que concluye en “poca fiabilidad” de los datos e “incremento del riesgo de fraccionamiento no detectado”.
Entre 2021 y 2022 el Consistorio adjudicó algo más de 20 millones de euros; el grueso en 2021 por el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos (12,58 millones). Casi dos millones correspondieron a contratos menores (alrededor del 10% del total), con un salto significativo en 2022: uno de cada cuatro euros en contratación se tramitó por esta vía.
Al revisar expedientes concretos, la Cámara aprecia fraccionamiento en dos casos. El primero, el sistema de control de tráfico mediante videovigilancia: tras un procedimiento abierto simplificado en 2020, se suceden encargos como contratos menores con objeto y finalidad conexos. El segundo, un conjunto de obras en piscinas municipales adjudicadas a una misma empresa, por un importe global cercano a 100.000 euros, que por su naturaleza acumulada debió licitarse de forma conjunta.
A ello se suma la ausencia, en “ningún expediente” analizado, de la declaración de ausencia de conflictos de interés por parte de los miembros de las mesas de contratación, una omisión que “puede comprometer la imparcialidad e independencia” del procedimiento. El Ayuntamiento se compromete a subsanar este punto con una circular interna que obligue a incorporar dichas declaraciones a los expedientes. El órgano fiscalizador también reprocha las dificultades de acceso al perfil del contratante desde la web municipal, lo que reduce la publicidad efectiva de las licitaciones y su control ciudadano.
En el terreno presupuestario, la Cámara señala que las modificaciones de crédito carecen de una motivación específica y suficiente: las memorias “son muy genéricas” y no explican con claridad por qué resulta imprescindible alterar el presupuesto aprobado. Además, en los expedientes remitidos no constan los documentos contables preceptivos que acrediten el encaje de la operación en la contabilidad municipal.
El Ayuntamiento sostiene que, desde 2023, ha introducido las mejoras procedimentales requeridas, si bien el órgano fiscalizador deja constancia de que no puede verificarlo en esta revisión.
Personal: funciones difusas y RPT desactualizada
El capítulo de plantilla y organización interna tampoco sale bien parado. La Cámara detecta “falta de criterio claro” para la asignación de tareas entre personal funcionario y laboral, y recomienda una revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para definir con precisión funciones, dependencias y requisitos, “evitar errores o diferencias” y asegurar que cada puesto cumple con la legalidad y la eficacia que exige el servicio público. La necesidad de clarificar funciones se considera “imprescindible” para mejorar la gestión diaria y la rendición de cuentas.
Errores financieros: devengo, préstamos y pólizas mal registrados
El informe identifica, por último, errores en la aplicación del principio de devengo —piedra angular de la contabilidad pública— y contabilizaciones incorrectas de préstamos y cuentas de crédito. Estas deficiencias no solo afectan a la imagen fiel de las cuentas, sino que pueden distorsionar indicadores clave para el control interno, el cálculo de estabilidad presupuestaria o la capacidad de endeudamiento.
Como líneas de mejora, la Cámara de Cuentas propone reforzar el control y seguimiento de subvenciones (con concurrencia competitiva como norma), planificar y publicar la contratación anual, limitar el uso del contrato menor a supuestos puntuales y no fragmentables, garantizar declaraciones de conflicto de interés en todas las mesas, mejorar el acceso al perfil del contratante, motivar con precisión las modificaciones presupuestarias y acompañarlas del soporte contable exigido, renovar la RPT para clarificar funciones, y corregir los registros financieros conforme a los principios contables públicos.
El Ayuntamiento, por su parte, comparte varias de las observaciones: reconoce las limitaciones del sistema informático y “asientos sin importe” en el libro diario, admite la falta de declaraciones de conflicto de interés —y anuncia una circular para incluirlas— y defiende que desde 2023 se han introducido cambios para subsanar lagunas en la motivación de modificaciones presupuestarias. También sostiene que algunas concesiones directas se ampararon en el interés general, el carácter innovador o el volumen inversor de los proyectos, argumentos que la Cámara considera insuficientes si no van acompañados de una justificación sólida y, cuando proceda, de un procedimiento competitivo.