Fuente: elaltojalon.es
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El diputado socialista por Zaragoza Víctor Ruiz de Diego ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer cuántos profesionales sanitarios de la provincia han ejercido su derecho a la objeción de conciencia en la prestación de interrupciones voluntarias del embarazo y qué medidas se han adoptado para evitar obstáculos al ejercicio de ese derecho reconocido por ley.
La iniciativa parlamentaria, fechada el 10 de marzo, parte de una respuesta previa del Ejecutivo, de septiembre de 2024, en la que se indicaba que el Ministerio de Sanidad estaba trabajando en un protocolo común para fijar las condiciones mínimas de los registros de objetores de conciencia de las comunidades autónomas y del INGESA, con el objetivo de coordinar su funcionamiento en todo el territorio. Un año después de aquella contestación, Ruiz de Diego reclama conocer en qué punto se encuentra ese asunto y cuál es su reflejo concreto en la provincia de Zaragoza.
PIDE DATOS SOBRE ZARAGOZA Y MEDIDAS DE GARANTÍA
En su escrito, el diputado formula dos preguntas concretas. La primera pide saber cuántos profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo han ejercido su derecho a la objeción de conciencia en la provincia de Zaragoza desde la entrada en vigor de la legislación actual sobre salud sexual y reproductiva. La segunda solicita al Gobierno que detalle qué acciones ha puesto en marcha para evitar situaciones que puedan poner en peligro el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La iniciativa se apoya en la necesidad de actualizar la información sobre un tema que el propio parlamentario considera de especial trascendencia, especialmente después de que el Ejecutivo anunciara hace más de un año que trabajaba en un protocolo estatal para homogeneizar los registros y mejorar la coordinación entre administraciones.
UN DEBATE ABIERTO SOBRE EL ACCESO EFECTIVO A LA PRESTACIÓN
La pregunta registrada por Ruiz de Diego vuelve a poner el foco sobre un debate de fondo: el equilibrio entre el derecho individual de los profesionales sanitarios a objetar y la obligación de las administraciones de garantizar que la prestación sanitaria pueda realizarse en condiciones de igualdad y sin barreras para las mujeres.
Con este movimiento en el Congreso, el diputado socialista busca que el Gobierno concrete tanto el alcance real de la objeción de conciencia en Zaragoza como las medidas que se están adoptando para asegurar que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo pueda ejercerse de forma efectiva.