Se trata de la misma empresa a la que según la Asociación de Profesionales Taurinos el Ayuntamiento iba a adjudicar a dedo el evento
Fuente: eldiario.es
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La gestión de los eventos taurinos no deja de ser noticia en Calatayud. El equipo de gobierno del PP en la localidad bilbilitana pagó una factura por 6.000 euros a la misma empresa a la que, según la Asociación de Profesionales Taurinos, el Ayuntamiento iba a adjudicar a dedo una corrida de toros para las fiestas patronales de septiembre. Lo hizo en concepto de “asesoramiento” durante un periodo de dos semanas para supervisar un evento que finalmente no se pudo celebrar, puesto que –como entonces ya reflejaban informes técnicos– estaba fuera de plazo.
La polémica surgió el jueves en el pleno municipal y a raíz de una moción presentada por los socialistas en la que se reclamaba la dimisión de la concejala delegada de la Plaza de Toros, Ana Isabel García, y “responsabilidades políticas” al alcalde, el popular José Manuel Aranda, por “el gasto generado” a las arcas municipales y la “mala gestión”.
Los hechos se remontan a este verano, cuando el equipo de gobierno llevó a la junta de portavoces una modificación presupuestaria para habilitar una partida de 65.000 euros con que poder celebrar la corrida de toros. La reunión se celebró el 25 de agosto, solo tres días después de que se concretara la extinción de la concesión demanial a la empresa Ruedole SL para explotar el coso bilbilitano, a iniciativa de la propia firma. El perjuicio ya venía de entonces, puesto que el pliego de ese contrato incluía una sanción insignificante por la renuncia unilateral del titular: entre 300 y 1.000 euros.
La Asociación de Profesionales Taurinos hizo público un comunicado en el que amenazaba con llevar a los tribunales al alcalde si adjudicaba a Ignacio Ríos SL los festejos taurinos del mes de septiembre sin cumplir con la normativa lega. El Ayuntamiento se echó atrás. Los populares trataron más adelante de sustituir la corrida de toros por una novillada, pero tampoco había plazo para eso. Finalmente, no hubo festejo taurino.
Sin embargo, Ignacio Ríos SL sí que acabó cobrando el 7 de septiembre una factura de 6.000 euros en concepto de “asesoramiento” al Ayuntamiento durante esas dos semanas. Y eso pese a que el secretario municipal ya informó de que no era posible tramitar un evento taurino, dado que los plazos no daban. Así lo dieron a conocer los socialistas en el pleno.
“Un trabajo ímprobo”
El alcalde explica a este periódico que la renuncia de Ruedole SL obligó al Ayuntamiento “a buscar a una solución”, lo que le llevó a pensar en Ignacio Ríos SL por su experiencia, ya que “había llevado la plaza en la pandemia”. Aranda asegura que la empresa ayudó al Consistorio “con asesoramiento, con carteles y con los trámites”. “Fue un trabajo ímprobo”, destaca.
El primer edil desmiente, como afirmó la Asociación de Profesionales Taurinos, que el gobierno municipal fuera a adjudicar a dedo el evento a Ignacio Ríos SL: “Son invenciones”, asegura, lo que vincula con que “el mundo taurino es muy complicado”. Su idea, cuenta, es que el Ayuntamiento lo organizara directamente, para lo cual no posee personal. “Teníamos que recurrir al asesoramiento para buscar una ganadería, para ver qué evento encajaba, qué personal estaba libre, notificar a la plaza o dónde remitir los desechos”, enumera.
La portavoz del PSOE, Sandra Marín, acusó al equipo de gobierno de seguir adelante con la organización del festejo “pese a saber que el plazo se había acabado, ignorando informes y recomendaciones”. Respecto a la factura, denunció que “no consta ni en qué condiciones se autorizó ni en qué consistía el asesoramiento”. “La gestión de los festejos taurinos ha sido un ejemplo de improvisación y de ausencia de rigor administrativo. Que el alcalde asuma responsabilidades y que la concejala dimita por su papel directo en esta tramitación deficiente, que ha causado un daño a la ciudad y a sus tradiciones”, sentenció.
Por su parte, el concejal de Ciudadanos Jorge Lázaro –que se abstuvo en la moción socialista– situó el “origen del peligro” en “no haber visto que había que cambiar el contrato” de la concesión demanial para la plaza de toros. “Creo que no se hizo bien, es un error que nos ha costado dinero”, destacó.