Fuente: elaltojalon.es
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Una manifestación convocada por la Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde ha reunido esta mañana en Calatayud a entre 150 y 200 personas. Vecinos de Monterde, apoyados por ciudadanos de la comarca y representantes políticos, recorrieron las calles para exigir justicia en el llamado “caso Monterde”, personalizado en la figura de su alcalde, José Gracia (PP), acusado de fraude electoral e inmerso en una gran polémica tras inmatricular cerca de 200 propiedades privadas a nombre del Ayuntamiento.
La marcha partió a las 10:30 horas desde la calle Galdar (frente a la sede local del Partido Popular) y concluyó hacia las 12:30 en la Plaza del Fuerte. En la protesta, en la que se pretendía denunciar la inacción del PP manteniendo en sus filas a un alcalde que se va a sentar en el banquillo acusado de fraude electoral, se contó con una amplia representación del PSOE de Calatayud, encabezada por el secretario general socialista bilbilitano y diputado nacional Víctor Ruiz, junto a la concejala Sandra Marín y varios ediles socialistas del Ayuntamiento, quienes mostraron su respaldo a los afectados.
Durante la concentración, los manifestantes corearon lemas y exhibieron pancartas demandando responsabilidades por parte de las autoridades. En un comunicado distribuido por la asociación convocante, se subraya que este caso “trasciende lo que podría verse como un conflicto vecinal” y pone en entredicho derechos fundamentales como el de la propiedad privada, alertando de que marca el camino para que posibles “caciques y corruptos” repitan actuaciones similares.
Por ello, los afectados instaban esta mañana tanto al Partido Popular como a cargos institucionales cercanos al municipio –en particular el senador José Manuel Aranda y la directora general de Administración Local Marina Sevilla– a buscar la verdad y la justicia, en lugar de “proteger a un compañero de partido por mucha amistad que les una”. Los manifestantes expresaron su malestar por la falta de medidas contra el alcalde y exigieron que se depuren cuanto antes las responsabilidades políticas pertinentes.
Inmatriculaciones irregulares de inmuebles
Uno de los ejes del caso son las supuestas inmatriculaciones irregulares de propiedades privadas en Monterde. La asociación denuncia que varios vecinos –en su mayoría personas mayores– han descubierto que sus viviendas fueron registradas a nombre del Ayuntamiento sin su conocimiento.
Según relatan los afectados, una simple firma de la Secretaría-Intervención municipal bastó para que el Registro de la Propiedad diera luz verde a dichas inmatriculaciones, sin que los legítimos dueños pudieran presentar documentación previa. Esto habría permitido al Consistorio adjudicarse titulidades de casas ajenas aprovechando un vacío legal, dejando a los propietarios desposeídos de sus inmuebles y obligándolos a emprender litigios para recuperarlos.
Empadronamientos ficticios y presunto fraude electoral
El otro eje de la polémica son las irregularidades en el censo electoral de Monterde. José Gracia Ruiz, alcalde popular del municipio desde 1995, afronta la acusación de haber permitido empadronamientos ficticios con fines electorales. De acuerdo con la instrucción judicial, desde al menos 2016 mantuvo en el padrón municipal a varias personas que no residían en el pueblo, “con el fin de favorecer las expectativas que él mismo mantenía como candidato […] y de perjudicar a sus oponentes”. La investigación identificó al menos 14 inscripciones irregulares: algunas de esas personas “no habían residido nunca de forma habitual en Monterde” y solo acudían al municipio de forma esporádica (por ejemplo, para aprovechar beneficios de caza en el coto local).
Incluso llegaron a figurar varias de ellas empadronadas en la misma vivienda, un inmueble que el auto judicial califica de “absolutamente imposible de habitar” – primero una casa en ruinas y luego otra de apenas 50 m² sin ventanas – evidenciando el carácter fraudulento de estos empadronamientos. Pese a ello, 12 de esas 14 personas votaron en las elecciones municipales de 2023, en las que Gracia Ruiz resultó reelegido bajo las siglas del PP. Estos hechos han llevado al juez a abrir juicio oral contra el alcalde por un presunto delito continuado electoral y otro de prevaricación administrativa (por omisión en su deber de controlar el censo).
Juicio pendiente y reacciones políticas
El proceso judicial contra José Gracia Ruiz por la alteración del censo se encuentra ya en fase de apertura de juicio oral, a la espera de fecha por parte de la Audiencia Provincial de Zaragoza. La acusación popular ejercida por los vecinos perjudicados solicita penas de hasta dos años de cárcel y 15 años de inhabilitación para el primer edil. No obstante, el Ministerio Fiscal pidió en su día el sobreseimiento provisional al no considerar suficientemente acreditado el delito, si bien el juez apreció indicios y elevó el caso a juicio.
En el plano político, la dirección del Partido Popular aragonés ha evitado por ahora tomar medidas disciplinarias contra Gracia Ruiz, sosteniendo que “cuando haya una sentencia firme se tomarán decisiones”. Esta postura de esperar al fallo judicial –defendida por el presidente provincial del PP, Ramón Celma– contrasta con las demandas de los vecinos de Monterde, que piden una actuación más contundente e inmediata por parte del partido ante la gravedad de las acusaciones que pesan sobre su alcalde.
En este contexto, la manifestación de Calatayud ha buscado presionar para lograr una respuesta de los responsables políticos y recordarles que su obligación es “buscar la verdad y la justicia” en este caso, y no encubrir posibles abusos de poder.